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Familiares de presos en Carabobo exigen declarar emergencia judicial: "esto es una mamadera de gallo"

Ellos están desesperados. No es fácil ver cómo sus días pasan entre llevarle comida, agua y medicinas a sus familiares privados de libertad en diferentes centros, y en las puertas del Palacio de Justicia de Carabobo donde no les dan ninguna respuesta que acabe con el retardo procesal que enfrentan.

Hay quienes tienen hasta cuatro años en un calabozo sin que se respete el debido proceso. María Alejandra Martínez lo sabe porque ella vive esa rutina con su esposo que está detenido en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Plaza de Toros, al sur de Valencia.

Ha tenido que padecer la angustia de huelgas de hambre que han hecho los reclusos solo para exigir el respeto de sus derechos humanos, mientras ella hace lo que puede en los tribunales, donde se ha encontrado con otras personas como Tibisay García, quien ya tiene un año y medio en esta situación luchando por justicia para su hijo.

“Ya han pasado 18 meses y no nos han daño fecha para la audiencia preliminar. Uno viene y no hay respuesta de nada. Pedimos que nos den soluciones, estamos peleando por sus derechos y queremos que aquí trabajen, esto es una mamadera de gallo”, dijo a las puertas del Palacio de Justicia.

Ebelia Hernández está cansada. Tiene un año esperando respuestas positivas, pero cada vez que llevan a su familiar a tribunales la audiencia es diferida “porque no vino el juez o el fiscal, o por la pandemia”.

Para ellas significa un gran gasto económico que se les hace difícil de soportar. “No es fácil conseguir para llevarles comida y lo que necesitan, porque pasamos el día en esto, y no podemos ni trabajar”. Denunció que en lo que va de año son ocho los presos del Cicpc que han fallecido por las condiciones de reclusión de precariedad en las que están.

Emergencia judicial

Todo este drama no es exclusivo de los familiares de quienes están tras las rejas. Los abogados también lo viven. Lily López es la directora nacional de defensa de los derechos humanos del Frente Nacional de Abogados de Venezuela y pidió que se declare la emergencia judicial en materia penal en los tribunales de Carabobo, ante el severo retardo procesal que existe.

“Es fundamental porque los familiares y los abogados de libre ejercicio no tenemos respuestas, no se garantiza la tutela judicial efectiva”.

Pidió que se realicen las audiencias preliminares, que se abran los juicios, que se otorguen los beneficios procesales que les corresponden a tantos detenidos que tienen años esperando. “Este sistema se agotó, no funciona, no da respuesta, es importante inaugurar salas para audiencias telemáticas en todos los tribunales del país para tener tutela judicial efectiva”.

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